El trato justo de la gente de todas las razas, culturas, ingresos y niveles educativos con respecto a la elaboración y ejecución de políticas, reglamentos y leyes ambientales. Justo tratamiento implica que ninguna población debería ser obligada a asumir una parte desproporcionada de la exposición a los efectos negativos de la contaminación debido a la falta de fuerza política o económica.