Promulgó una ley controversial en respuesta a la septiembre 11 ataques dando a agencias de Gobierno nuevos poderes para enfrentar el terrorismo. La ley permite la detención indefinida sin juicio de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional.

El Gobierno no tiene que proporcionar a los detenidos con un abogado o hacer cualquier anuncio sobre la detención. La ley también amplía poderes de policía wiretap y buscar la casa del sospechoso.